Redacción
Catalunyapress | martes, 5 de mayo de 2020
Tras
el impacto de la crisis sanitaria por el coronavirus, se acerca una crisis
económica cuya gravedad solo está empezando a notarse. Ante esta situación, el Gobierno está barajando distintas opciones para hacer frente al desplome de la ocupación y de la actividad económica. Una de estas opciones es un duro ajuste del sistema público de pensiones o, cuanto menos, la congelación de los requisitos para acceder a las mismas.
económica cuya gravedad solo está empezando a notarse. Ante esta situación, el Gobierno está barajando distintas opciones para hacer frente al desplome de la ocupación y de la actividad económica. Una de estas opciones es un duro ajuste del sistema público de pensiones o, cuanto menos, la congelación de los requisitos para acceder a las mismas.
Tras
enviar a Bruselas el "Plan de Estabilidad" de la próxima legislatura,
el Gobierno está esperando las indicaciones de la Unión Europea para conseguir
liquidez durante la próxima etapa económica. Según fuentes consultadas por 'La
Razón', una de estas recomendaciones podría ser un tijeretazo en las pensiones.
"De continuar la actual tendencia, con 9,7 millones de pensiones y 18,4
millones de cotizantes, el sistema será inviable de no acometerse una reforma
inmediata", reconocen las fuentes gubernamentales consultadas por el
rotativo.
La
perspectiva macroeconómica es terrorífica. El año pasado se cerró con un
déficit de 17.000 millones de euros, a lo cual hay que añadir el incremento de
la factura de las pensiones en un 3% hasta alcanzar los 162.392 millones. Con
una caída del empleo como no se veía desde la crisis de 2008, será muy
complicado que las cotizaciones permitan sostener un nivel de gasto tan
elevado.
En
esta coyuntura, el Gobierno no descarta aplicar el Índice de Revalorización de
las Pensiones, que sigue vigente pero que jamás se ha llegado a usar desde que
se aprobase en 2013. Este mecanismo permite un ajuste automático en caso de
extrema necesidad para equilibrar las cuentas de la Seguridad Social. En la
práctica, se trataría de un recorte de las prestaciones.
El
sistema público lleva años bajo discusión. La necesidad de una reforma
estructural que garantice la sostenibilidad de los pagos a los pensionistas se
ha ido aplazando Gobierno tras Gobierno. Pero la realidad ha terminado
imponiéndose a fuerza de una crisis económica provocada por la pandemia y por
la vía de los hechos deberá replantearse el sistema de pensiones.
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